Guasave, Sinaloa.- La aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y senadora con licencia, Imelda Castro Castro, reconoció que la inseguridad será el mayor desafío para quien encabece el Gobierno de Sinaloa a partir de 2027, al considerar que la pacificación del estado deberá convertirse en la principal prioridad de la próxima administración.
Entrevistada sobre la posibilidad de que la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada tenga repercusiones en Sinaloa, la legisladora dijo no tener elementos para anticipar un impacto específico, aunque destacó que actualmente existe una estrategia de seguridad en marcha encabezada por el gobierno y las fuerzas armadas.
“No tengo idea de qué impacto pueda tener”, expresó al referirse al tema judicial del presunto líder criminal, al tiempo que sostuvo que en Sinaloa opera un gabinete de seguridad con una estrategia enfocada en reducir los delitos y proteger a la población.
Castro Castro lamentó que el estado esté por cumplir dos años inmerso en un escenario de violencia que ha dejado pérdidas humanas, personas desaparecidas y un incremento en delitos como el robo de vehículos, una situación que, dijo, recuerda los años más complicados que vivió la entidad entre 2008 y 2010.
Si bien considera que los niveles de violencia han disminuido, todavía existen focos de atención importantes en el sur del estado, particularmente en Mazatlán, Rosario y Escuinapa.
En contraste, señaló que la zona norte de Sinaloa se mantiene en condiciones de mayor tranquilidad, lo que consideró un aspecto positivo dentro del panorama estatal.
Sobre la posibilidad de que la inseguridad influya en el proceso electoral de 2027, la senadora con licencia admitió que es un escenario posible, aunque subrayó que corresponde al Estado mexicano garantizar la seguridad de la población, independientemente del partido o del gobernante en turno.
“El Estado mexicano, gobierne quien gobierne, tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas. Esa es una obligación irrenunciable”.
Sostuvo que quien resulte electo como gobernador o gobernadora de Sinaloa en 2027 deberá asumir la seguridad como una prioridad absoluta, pero advirtió que la construcción de una paz duradera no puede depender únicamente del combate a la delincuencia.
En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar políticas públicas integrales que fortalezcan la educación, el deporte y la comunicación como herramientas para prevenir la violencia y reconstruir el tejido social, al considerar que la paz debe edificarse desde distintos ámbitos de la vida pública y no únicamente mediante acciones de seguridad.