Guasave, Sinaloa.- La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, dejó en claro que la reingeniería administrativa del Ayuntamiento continuará, aun cuando represente un costo político para su gobierno, al sostener que la prioridad es sanear las finanzas municipales y garantizar que los servicios públicos no se vean afectados.
Explicó que el incremento salarial homologado para los trabajadores representa un impacto superior a los 7 millones de pesos, por lo que fue necesario emprender una revisión de la estructura administrativa para generar ahorros y mantener el equilibrio financiero del municipio.
Señaló que las medidas no fueron tomadas de manera unilateral, sino que previamente se sostuvo una serie de reuniones con los directores de las distintas dependencias, quienes evaluaron las necesidades de cada área y determinaron qué ajustes podían realizarse sin comprometer la operación del Ayuntamiento.
“Estamos tomando acciones para demostrar que estamos dispuestos a entrarle a la reingeniería. No solamente es decir que la presidenta va a entrarle a este proceso, sino demostrarlo con hechos”.
La presidenta municipal recordó que una de las primeras acciones fue la homologación de salarios, decisión que derivó en un aumento general del 3.115 por ciento, lo que incrementó la presión sobre las finanzas municipales y obligó a implementar medidas de contención del gasto.
Subrayó que su administración está actuando con responsabilidad, aun cuando las decisiones generen inconformidad, pues el compromiso principal es con la ciudadanía y no con intereses políticos.
“Estamos entrándole a este tema sin importar el costo político, tratando de salvaguardar las finanzas del municipio para no quedarle mal a la ciudadanía, que es a quien todos representamos”.
Reconoció que existen problemas urgentes que requieren recursos, como la constante descompostura de los camiones recolectores de basura, además del mantenimiento del alumbrado público y la atención al sistema de drenaje sanitario.
Por ello, insistió en que el gobierno municipal debe priorizar el funcionamiento de los servicios básicos antes que mantener una estructura administrativa que no responda a las condiciones financieras actuales.